¿El gobierno se “carga” las ayudas a la dependencia?

PATXILEAKS 30 de marzo 2012

Según la Referencia del Consejo de Ministros celebrada hoy, en la documentación facilitada por el Ejecutivo sobre el presupuesto no financiero del Estado para este año, se refleja que las partidas previstas para el “nivel convenido” para la Dependencia se elimina totalmente al pasar de 283 millones de euros a 0. Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran que se trata de una partida “pequeña” formada por “aportaciones extra para las comunidades autónomas”. “Las prestaciones están garantizadas”, afirman desde el departamento dirigido por Ana Mato (ver la noticia en el diario Público)

Este recorte no es el primero que sufre la Ley de Dependencia. A finales del año pasado, el presidente Rajoy suspendió un año la incorporación de nuevos beneficiarios.

Veamos lo que recoge la legislación al respecto, concretamente la LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Artículo 9. Participación de la Administración General
del Estado.
1. El Gobierno, oído el Consejo Territorial del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
determinará el nivel mínimo de protección garantizado
para cada uno de los beneficiarios del Sistema, según el
grado y nivel de su dependencia, como condición básica
de garantía del derecho a la promoción de la autonomía
personal y atención a la situación de dependencia.
2. La financiación pública de este nivel de protección
correrá a cuenta de la Administración General del Estado
que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los
criterios establecidos en el artículo 32.

Artículo 10. Cooperación entre la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas.
1. En el seno del Consejo Territorial del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas
acordarán el marco de cooperación interadministrativa
que se desarrollará mediante los correspondientes Convenios
entre la Administración General del Estado y cada
una de las Comunidades Autónomas.
2. A través de los Convenios a los que se refiere el
apartado anterior, la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas acordarán los objetivos,
medios y recursos para la aplicación de los servicios y
prestaciones recogidos en el Capítulo II del presente
Título, incrementando el nivel mínimo de protección
fijado por el Estado de acuerdo con el artículo 9.
3. En aplicación de lo previsto en el apartado anterior,
el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia establecerá los criterios paradeterminar la intensidad de protección de cada uno de los
servicios previstos en el Catálogo, y la compatibilidad e
incompatibilidad entre los mismos, para su aprobación
por el Gobierno mediante Real Decreto.
4. Los Convenios establecerán la financiación que
corresponda a cada Administración para este nivel de
prestación, en los términos establecidos en el artículo 32
y en la disposición transitoria primera de esta Ley, así
como los términos y condiciones para su revisión. Igualmente,
los Convenios recogerán las aportaciones del
Estado derivadas de la garantía del nivel de protección
definido en el artículo 9.
Artículo 11. Participación de las Comunidades Autónomas
en el Sistema.
1. En el marco del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades
Autónomas, sin perjuicio de las competencias que
les son propias según la Constitución Española, los Estatutos
de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes
funciones:
a) Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el
ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la
autonomía personal y de atención a las personas en situación
de dependencia.
b) Gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y
recursos necesarios para la valoración y atención de la
dependencia.
c) Establecer los procedimientos de coordinación
sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de
coordinación que procedan para garantizar una efectiva
atención.
d) Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios,
facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento
de los requisitos y los estándares de calidad.
e) Asegurar la elaboración de los correspondientes
Programas Individuales de Atención.
f) Inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos
sobre requisitos y estándares de calidad de los
centros y servicios y respecto de los derechos de los
beneficiarios.
g) Evaluar periódicamente el funcionamiento del
Sistema en su territorio respectivo.
h) Aportar a la Administración General del Estado la
información necesaria para la aplicación de los criterios
de financiación previstos en el artículo 32.
2. En todo caso, las Comunidades Autónomas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 podrán
definir, con cargo a sus presupuestos, niveles de protección
adicionales al fijado por la Administración General
del Estado en aplicación del artículo 9 y al acordado, en su
caso, conforme al artículo 10, para los cuales podrán
adoptar las normas de acceso y disfrute que consideren
más adecuadas.
Artículo 12. Participación de las Entidades Locales.
1. Las Entidades Locales participarán en la gestión
de los servicios de atención a las personas en situación de
dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas
Comunidades Autónomas y dentro de las competencias
que la legislación vigente les atribuye.
2. Las Entidades Locales podrán participar en el Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia en la forma y condiciones que el propio
Consejo disponga.

CAPÍTULO V
Financiación del Sistema y aportación
de los beneficiarios
Artículo 32. Financiación del Sistema por las Administraciones
Públicas.
1. La financiación del Sistema será la suficiente para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan a las Administraciones Públicas competentes
y se determinará anualmente en los correspondientes
Presupuestos.
2. La Administración General del Estado asumirá
íntegramente el coste derivado de lo previsto en el
artícu lo 9.
3. En el marco de cooperación interadministrativa
previsto en el artículo 10, los Convenios que se suscriban
entre la Administración General del Estado y cada una de
las administraciones de las Comunidades Autónomas
determinarán las obligaciones asumidas por cada una de
las partes para la financiación de los servicios y prestaciones
del Sistema. Dichos Convenios, que podrán ser anuales
o plurianuales, recogerán criterios de reparto teniendo
en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica,
la insularidad, emigrantes retornados y otros factores,
y podrán ser revisados por las partes.
La aportación de la Comunidad Autónoma será, para
cada año, al menos igual a la de la Administración General
del Estado como consecuencia de lo previsto en este
apartado y en el anterior.

Así que, pendiente de un análisis jurídico más riguroso, el recorte total de la partida por la Administración General del Estado supondría, de facto, o bien la desaparición total de las ayudas o bien la asunción del coste total de las ayudas por parte de las CCAA y las Entidades Locales, cosa que en la coyuntura económica actual parece inviable.

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