ALEMANIA: Del modelo social al infierno salarial

JAKOB SCHÄFER / VIENTO SUR 18 de enero 2012


No es un secreto para nadie: el número de huelgas en la República Federal de Alemania (RFA) es verdaderamente pequeño. En Europa, solo Suiza tiene menos. Esto muestra tanto la estabilidad del sistema político y económico como el importante papel de freno que ejerce una burocracia sindical poderosa, completamente integrada en el sistema dominante y en su gestión de la crisis.

Una ofensiva patronal sin precedentes

Para comprender el papel dominante de los gobiernos alemanes en Europa, es necesario recordar algunos elementos estructurales. Entre 1950 y 1975, excelentes condiciones de acumulación permitieron a la industria ser muy competitiva y obtener importantes excedentes comerciales. Esto iba parejo con una evolución negativa de los salarios reales, y por tanto costes salariales extremadamente débiles. Esto tiene relación con la ruina de la competitividad de la industria en Grecia y en Portugal, y la maduración de la crisis del euro que conocemos actualmente. Este gigantesco excedente de la balanza comercial de la industria (entre 117 y 135 millardos de euros por año en el automóvil, la máquina herramienta y la construcción mecánica) es el fundamento de la integración social de una parte de la clase obrera, sobre todo entre los contratados fijos.

Paralelamente la división de la clase obrera ha sido fuertemente acentuada, ante todo como consecuencia de la Agenda 2010 instaurada por el gobierno federal rojo-verde de Schroeder. El objetivo principal era precarizar una parte creciente de la clase obrera mandándola al sector de los bajos salarios. Durante los últimos quince años se han apretado tanto las tuercas que cada vez menos asalariados cogen bajas: la tasa de absentismo es muy baja, alrededor del 3,8%. La RFA tiene el sector de bajos salarios más importante de Europa: son 8 millones de personas las que trabajan por salarios inferiores al umbral de pobreza. Y no hay ningún salario mínimo. Así, una peluquera en Turingia percibe un salario horario convencional de 3,83 euros. 7 millones de personas ganan menos de 8 euros por hora. Entre 1993 y 2010, esta política ha permitido hacer bajar la parte de los salarios del 73% al 64% de la renta nacional.

Sindicatos incapaces

Las condiciones de trabajo de los 6 millones de precarios (de ellos 900.000 interinos) son particularmente duras. De los 36 millones de asalariados que tienen un trabajo (por tanto sin contar los 5 millones de sin empleo), no hay más que 23 millones que tienen aún un contrato de trabajo “normal” (trabajo a tiempo completo, cotización a la Seguridad Social). Si se añade los 1,7 millones de funcionarios, es menos del 70%. Fue aún bajo Schroder cuando se tomó la decisión de no pagar ya de la misma forma a los asalariados contratados a duración indeterminada y los interinos en el caso en que exista un convenio específico para estos últimos. El DGB /2 firmó justificándose así: “Si no lo hacemos, lo harán los sindicatos cristianos”.

Sin embargo, debido a su falta de combatividad, los juicios que hacen perder su representatividad a los sindicatos se acumulan. La dirección del DGB mantiene sin embargo su posición, pues en realidad, es su política de “defensa de la producción local” lo que está en cuestión, dicho de otra forma, la garantía de condiciones favorables a las empresa capitalistas exportadoras alemanas. Debido a esto, esos precarios ganan como media un 48% menos que los asalariados y asalariadas fijos, es decir, 7,91 euros en lugar de 15 euros por el mismo trabajo. Paralelamente, cada vez más empresas abandonan las organizaciones patronales para no estar ya sometidas a los acuerdos de sector. El carácter obligatorio de los convenios colectivos no deja de disminuir. Nacionalmente, solo un poco más del 60% de los asalariados y asalariadas se encuentra ya en su campo de aplicación /3.

Para remediar esta pérdida de influencia, la burocracia ha redactado recientemente con la confederación patronal BDI /4 un proyecto de ley tendente a no reconocer más que los acuerdos firmados por el sindicato mayoritario. Los demás tendrían la prohibición de convocar huelgas sobre sus propias bases. Este proyecto estaba claramente dirigido contra los pequeños sindicatos corporativos: sindicato de los conductores de locomotoras (GDL), Liga de Marburgo (médicos de hospitales), etc. /5. Este proyecto ha debido ser aparcado debido a la reacción de esos pequeños sindicatos, así como de las protestas en el interior de la DGB, y esto antes de los congresos de la IG Metall y de Ver.di. A pesar de la burocratización muy avanzada, se puede pues hacer aún presión de forma eficaz desde abajo. Hay que subrayar que la huelga “política” /6 está prohibida. La huelga no es posible más que durante la renovación de un acuerdo, cuando “la obligación de paz social” acaba. Hacer huelga contra una ley o cualquier otro proyecto del ejecutivo es correr el riesgo de muy importantes sanciones. Hay que señalar que las huelgas de 1996 contra las restricciones al mantenimiento de los salarios en caso de baja por enfermedad salieron desde abajo: 35.000 huelguistas (sobre todo en Daimler Benz, donde fue el turno de noche de la fábrica de Bremen el que salió primero) durante tres días, el movimiento amenazaba con extenderse, incluso sin convocatoria sindical, y el gobierno retiró íntegramente su proyecto.

Núcleos sindicales combativos

Las resistencias se organizan a diferentes niveles. El primer marco de organización siguen siendo los sindicatos. Esto no toma aún la forma de una corriente de oposición estructurada y claramente identificada. Así sobre el salario mínimo: hace aún seis años, todos los sindicatos estaban contra. Hace cuatro años, Ver.di asumió esta reivindicación y fijaba su montante en 7,50 euros. En su último congreso, ha sido objeto de un duro debate. El sindicato reclama 8,50 euros pero un buen número de delegados, hombres y mujeres, ha peleado por 10 euros, es decir lo que la izquierda sindical demandaba desde hace más de diez años (hoy fija el mínimo en 10 euros netos). El secretario general, Bsirske, debió responder que él estaba también por los 10 euros, pero que “desgraciadamente a nivel confederal del DGB se habían puesto de acuerdo en los 8,50 euros”. Se ha comprometido a pasar cuanto antes a los 10 euros. Un ejemplo más de que las discusiones en la base han permitido convencer.

Por otra parte, algunos pequeños sindicatos de rama tienen suficiente confianza en sus propias fuerzas como para atreverse a implicarse en la lucha y se convierten así en una referencia. Así el GDL, que sindica a alrededor del 80% de los conductores de tren y lucha por un convenio colectivo único independientemente de quién sea el patrón. Han logrado integrar en él al 98% de los conductores.

En fin, hay empresas en que el personal lucha contra el descuelgue de su patrón de su convenio colectivo de sector. El caso más impresionante es la Charité Facility Management GmbH (CFM , 2500 asalariados) . CFM engloba el mantenimiento y los servicios de la Caridad, el mayor centro hospitalario universitario de Berlín. Han sido externalizados a fin de suprimir su convenio colectivo. Están en huelga desde hace ocho semanas (desde el 12 de septiembre). El 7 de noviembre se ha celebrado una reunión convocada por los huelguistas en la que han participado 350 personas, entre ellas delegaciones de empresas de la metalurgia y del GDL.

Movilizaciones de masas

El combate contra “Stuttgart 21” no ha acabado aún (nueva estación subterránea, al menos 6 millardos de euros para un acceso, transportes de proximidad deteriorados y un medio ambiente degradado). El nuevo gobierno del Land (mayoría Verdes, con el SPD) ha intentado frenar al movimiento organizando un referéndum (para hacer aprobar el proyecto con los votos de los habitantes del Land que no están directamente afectados), pero sigue habiendo manifestaciones. El referéndum debía tener lugar el 27 de noviembre, pero se sabe ya que la resistencia continuará.

La oposición a lo nuclear sigue siendo particularmente fuerte. A fines de noviembre están previstas nuevas manifestaciones contra los transportes de residuos nucleares tratados (“Castor”). Va a seguir movilizando a miles de personas, incluso si una victoria parcial ha sido obtenida con el desmantelamiento de ocho centrales y la promesa de salir de lo nuclear.

El movimiento “Occupy” ha encontrado un importante eco. En numerosas ocasiones, ha habido miles de manifestantes. El pasado 12 de noviembre, eran aún 10.000 en Francfurt y 8.000 en Berlín. En la población, la simpatía por las 100 personas que han montado tiendas ante el Banco Central Europeo en Francfurt y acampan desde hace semanas es muy grande.

La desconfianza hacia las fuerzas políticas institucionales dominantes ha aumentado considerablemente desde el comienzo de la gran crisis y a lo largo de estos tres últimos años. Es de ese substrato del que se nutre la resistencia social. Podemos estar seguros de que también en Alemania, el tiempo de la gran calma social llega a su fin.
Notas

1/ Jakob Schafer es miembro de la dirección del Revolutionär Sozialistischer Bund (RSB, Liga Socialista Revolucionaria, una de las dos fracciones públicas de la IV Internacional en la RFA). Es conocido como uno de los animadores de la izquierda sindical en el IG Metall.

2/ Deutscher Gewerkschaftsbund, la confederación alemana de sindicatos que cuenta con 6.300.000 miembros. Sus dos principales federaciones son IG Metall (metalurgia), con 2.400.000 afiliados y Ver.di (comercio y servicios), 2.300.000 afiliados. Los sindicatos cristianos cuentan con 300.000 miembro, la federación autónoma de los funcionarios DBB 1.250.000, un sindicato corporativo independiente como la Liga de Marburgo 100.000….La tasa de sindicación es del 23%.

3/ En 1998, eran aún el 75% en el oeste y el 63% en el este, en 2009, el 65% en el oeste y el 51% en el este.

4/ Bundesverband der deutschen Industrie, (BDI, Federación Alemana de la Industria), equivalente a la CEOE.

5/ La DGB tenía un poco menos de 12 millones de miembros en 1992, tiene 6,3 actualmente.

6/ Solo hay tres países en Europa en los que las “huelgas políticas” están prohibidas: Dinamarca, Austria y Alemania.

II. El marco social de lo minijobs

Hasta hace poco, Alemania era más bien conocida en Europa como un país de “altos salarios”. Incluso si todo es relativo, es cierto que los Facharbeiter –trabajadores muy cualificados- han sido y siguen siendo comparativamente bien remunerados, en relación a lo que es corriente en otros países europeos.

Sin embargo este cuadro es muy engañoso. Lo que el público ignora, en buena parte, es que Alemania es al mismo tiempo un país de bajos salarios. Hoy, 1,2 millones de asalariados y asalariadas ganan menos de cinco euros brutos por hora de trabajo; y 2,4 millones perciben un salario horario bruto comprendido entre 5 y 7,5 euros. Así, hay categorías de empleados, en sectores como la seguridad, algunos servicios de atención a las personas o la limpieza, que cobran salarios muy inferiores al salario mínimo interprofesional francés (que está fijado en 9,22 euros/h brutos para 2012. En el estado español, los empleados de hogar, por ejemplo, que trabajen por horas tienen un salario mínimo de 5,02 euros/hora ndt).

Una tradición de negociación

Esta situación es debida, primero, a la ausencia total de garantía mínima en materia salarial, comparable al SMIC francés o al “minimum wage” británico por ejemplo. No existe en Alemania ningún salario mínimo legal interprofesional. Hasta muy recientemente, las organizaciones sindicales –en su inmensa mayoría afiliadas a la confederación, el DGB- no lo querían. Tenían miedo, en efecto, de que la fijación de un salario mínimo por el legislador pudiera “minar” su poder de negociación, una prerrogativa celosamente guardada.

Históricamente, los poderes públicos alemanas optaron, tras la Segunda Guerra mundial, por delegar una gran parte de “la ordenación de las condiciones económicas y sociales” a las organizaciones sindicales y patronales. Así, está previsto por la “Ley fundamental” /1 que organizaciones profesionales, que representen a los asalariados y los patronos, pueden formarse libremente. La política y la jurisprudencia han considerado con posterioridad que esto proporcionaba la base para una amplia “autonomía para convenir” (“Tarifautonomie”), al ponerse las organizaciones sindicales y patronales de acuerdo sobre la evolución salarial y otros temas sin que el legislador interviniera. Para la clase política, este sistema presenta una enorme ventaja: amplios sectores de la política social escapan así al debate parlamentario, y los políticos no aparecen como responsables. Las reglas aplicables a una amplia parte de las relaciones de trabajo aparecen como el resultado “natural”, “apolítico”, de una negociación entre “expertos”, sindicales y patronales. Y correspondía a los negociadores (a menudo profesionales especializados) justificar estos resultados “en su propio campo”. Todo esto parecía por tanto fuera de la política.

Este sistema funciona mientras su estabilidad esté garantizada, entre otras cosas, por la “responsabilidad” de los principales actores. Con un sindicalismo “genéticamente” orientado hacia la negociación, más que hacia la lucha, esto parecía asegurado. (Por ejemplo, en Francia los dirigentes de la CFDT han soñado durante mucho tiempo con un sistema similar, lo que les ha llevado a aceptar casi cualquier resultado de una negociación con la patronal, siendo la negociación percibida como un valor en sí. Bajo el segundo mandato de Chirac, una parte de la derecha moderada francesa soñó también con un aumento de la autonomía de los interlocutores sociales).

Los agujeros negros de la cogestión

Estos últimos años, este sistema ha mostrado sus efectos perversos, conduciendo a la ausencia de toda red de protección para buen número de asalariados y asalariadas. No es solo el caso en las empresas que se escapan a la aplicación de toda regla colectiva. Precisemos que en 2006, en total, el 57% de los asalariados en Alemania del oeste y el 41% en la ex Alemania del este trabajaban en empresas a las que se aplicaba un abanico convencional; en las demás, los salarios eran fijados individualmente por el contrato de trabajo. Pero incluso donde existen “contratos tarifarios” (el equivalente a los convenios colectivos franceses), la situación a penas es mejor.

Así algunos de esos “contratos tarifarios” prevén salarios extremadamente bajos, incluso indecentes. En Turingia, empleados de seguridad que trabajan por ejemplo en la seguridad de las reuniones públicas, están oficialmente remunerados a 4,38 euros por hora. Los poderes públicos no se quedan atrás: en 2004/2005 el Land de Saxe protegía la sede del gobierno regional con empleados de seguridad remunerados a 2,50 euros la hora…. Los ejemplos más extremos se encuentran a menudo en la antigua RDA, como en las regiones de Turingia y Saxe, donde ciertas remuneraciones son tan bajas que hay alemanes de esas regiones que van a buscar trabajo a zonas fronterizas de la vecina República Checa.

El callejón sin salida de las organizaciones sindicales, que dan a veces su aprobación a convenios de contenido escandaloso, se explica por varios factores. En primer lugar, una parte de las organizaciones sindicales habían hecho hacía mucho la opción estratégica de concentrarse en un “núcleo de clientela” formado por asalariados altamente cualificados, que pueden negociar sus remuneraciones (individual o colectivamente) y por tanto pagar cotizaciones sindicales sustanciosas. Las poderosas federaciones de la metalurgia y de la química, IG Metalll e IG BCE, han desoído durante mucho tiempo las reivindicaciones sobre la creación de un salario mínimo. Este objetivo fué primero defendido por federaciones sindicales implantadas en sectores como los servicios (federación Verdi) o los hoteles-cafés-restaurantes (NGG), donde los bajos salarios eran ya numerosos.

Hoy este debate está en gran medida superado, puesto que incluso una parte de la derecha política a tomado acta del principio de la necesidad de salarios mínimos legales. Sin embargo, la discusión en el seno de la coalición de derechas en el poder trata más bien sobre la cuestión de saber si hay que introducir salarios mínimos por sector o al contrario, a escala federal. La canciller Angela Merkel acaba de pronunciarse, a comienzos de noviembre de 2011, por la primera solución. Su ministra de trabajo, Ursula van der Leyen (CDU) ha optado, al contrario, por la segunda. Mientras tanto, existen ya una decena de salarios mínimos de sector –gracias a un sistema que se parece a la “extensión” de un convenio colectivo en derecho francés-, sobre alrededor de 500 sectores en total.

La aportación del SPD y de los Verdes al deterioro social

Por otra parte, la existencia de salarios extremadamente bajos ha estado favorecida estos últimos años por el paro de masas y por las políticas de “reforma” neoliberal del mercado de trabajo. Una de las especificidades del caso alemán consiste por otra parte en el hecho de que fué un gobierno del SPD y los Verdes, bajo el canciller Gerhard Schöder, quien introdujo este deterioro social generalizado a partir de 2001, mediante la promulgación de cuatro leyes que llevaban el título de “Hartz I, II, III y IV”/2 que entraron en vigor en 2003, 2004 y 2005.

Al margen de la creación de un estatuto bautizado “mini-job”, sobre la base de una remuneración de 400 euros por un trabajo a tiempo parcial (y cuyas cotizaciones sociales estaban reducidas a un 10% entonces, luego convertido en un 11%), estas leyes sobre todo han “reformado” de arriba abajo el subsidio de desempleo. El antiguo sistema de indemnización del paro fue fusionado así, por la ley “Hartz IV”, desde el 1 de enero de 2005 con la antigua Ayuda Social (Sozialhilfe). Lo que ha hecho que toda persona privada de empleo cambie, en adelante, de situación al cabo de un año. Tras doce meses de paro indemnizado sobre la base de las cotizaciones pagadas, la persona se convierte en sujeto de una forma de ayuda social con un techo de un poco más de 400 euros por persona (sin carga familiar) a la que se añade una asignación por vivienda. Esta asignación está condicionada: la persona debe probar que no tiene recursos, que no tiene ahorros, que no puede ser tomada a su cargo por su familia ni por la persona que vive con ella (dos personas que tienen un piso en alquiler a medias tienen que probar ante la Agencia de Empleo que no forman en realidad una pareja), y que está disponible para la búsqueda de un empleo. Las exigencias son las mismas haya cotizado el asegurado ¡durante dos años o durante cuarenta!.

Este sistema ha roto la situación de asalariados y asalariadas y reforzado enormemente el miedo al paro. El nuevo estatuto del parado está completado por la posibilidad de combinar la asignación con horas de trabajo remuneradas a la tasa de un euro, los ya famosos “jobs a un euro”. En ciertos sectores, estos últimos son desde hace varios años utilizados para procurar empleos que, de otra forma, deberían estar ocupados por asalariados “ordinarios”. Incluyendo ahora, en ciertas escuelas que reclutan en estas reservas enseñantes “tapa huecos” para reemplazar a profesores ausentes.

Notas

1/ Cf. artículo 9, apartado 9 de la Ley Fundamental que es el texto constitucional adoptado en 1949 en Alemania Federal, entonces considerado como provisional.

2/ Por el nombre del antiguo DRH de las fábricas de automóviles Volkswagen, Peter Hartz, que presidió la comisión encargada de elaborar la “reforma”.

Artículo en VIENTO SUR

Traducción : Faustino Eguberri para VIENTO SUR

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